Gobierno pide apurar agenda antidelincuencia ante ola de delitos

La noche del lunes, un chileno de 34 años fue víctima de un homicidio frustrado. Según informó el subcomisario Mario Jara, de la Brigada de Homicidios RM de la PDI, fue herido con elementos cortantes y contundentes en Calle 36, en la comuna de Peñalolén. Permanece con riesgo vital en el Hospital Luis Tisné.

Si bien su caso sigue siendo materia de investigación, evidencia que los hechos de violencia dejaron de ser una mera sensación y que van realmente al alza. Sin ir más lejos, el domingo, hubo cuatro homicidios en la RM.

De acuerdo con datos entregados por Carabineros, durante los primeros 9 días del año, los detenidos por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) aumentaron un 11,7%, de 1.559 entre el 1 y el 9 de enero de 2021, a 1.742 en el mismo periodo de 2022.

Según el mismo reporte, entre los delitos que presentan mayor variación, está el robo en lugar no habitado, que aumenta un 103%. Es el caso, también, de los robos en lugares habitados, que pasan de 32 a 65 en el periodo indicado.

Van al alza, asimismo, los robos con violencia y robos con intimidación, que crecen de 48 a 50 casos y de 46 a 56, respectivamente.

Alerta, de igual manera, que en los primeros 9 días del año se contabilizan 25 homicidios, uno menos que en el mismo periodo de 2021, y producto de los cuales hay ocho detenidos.

De ellos, siete son hombres, una es mujer, todos chilenos adultos. En total, los ocho contabilizan 36 detenciones anteriores, por amenazas, lesiones, porte de arma blanca, daños y violencia intrafamiliar.

¿Qué está pasando? Según doce alcaldes que firmaron una carta dirigida al Ejecutivo, “la Política de Seguridad no ha tenido un abordaje eficiente desde el nivel central, ni en términos de las medidas y estrategias preventivas, ni tampoco a nivel de la persecución penal inteligente y la sanción”.

Sin embargo, en La Moneda tienen una visión totalmente contraria, y como indicó la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, el único fin de esa misiva es “político”, pues varios de esos ediles, como enfatizó, ni siquiera se han dado el tiempo de asistir a las reuniones de coordinación con ellos y las policías.

“El trabajo preventivo que realizábamos con los alcaldes como gobierno, como Ministerio y como Subsecretaría es permanente (…) Hemos desarrollado programas de instalación de cámaras de seguridad, drones, alarmas comunitarias, recuperación de espacios públicos y proyectos psicosociales, que en estos cuatro años han significado una inversión de más de $85 mil millones , y lo hacemos en coordinación con los alcaldes”, aclaró.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que “no puede ser que aquí haya autoridades que puedan pasar una mañana yendo a dejar una carta al palacio de La Moneda pero no puedan tomarse el tiempo de participar en reuniones, o sean tolerantes, por ejemplo, con el comercio ilegal que contribuye a la sensación de inseguridad, o incluso algunos de ellos impulsen el indulto que declara impunes delitos que afectan la sensación de seguridad de la ciudadanía”.

Pero al margen de la crítica, ambas autoridades insistieron en que las cifras, junto con preocuparlos, los ocupan. Por lo mismo, la subsecretaria Gómez puso énfasis en que están haciendo frente a los tres factores que están generando violencia en los delitos: aumento de organizaciones criminales, narcotráfico y uso de armas de fuego.

Para ello instan a que el Congreso pueda dotar de mejores herramientas a las instituciones a cargo del control delictual y que, por ejemplo, hoy aprueben el informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto de Control de Armas, que sanciona el porte e ingreso de armas en lugares de acceso público.

Asimismo, desde La Moneda aseveran que es prioritario que se puedan aprobar otros nueve proyectos de la agenda antidelincuencia, entre los que destaca el que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las policías; el que busca mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social; y el que moderniza las sanciones a la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación.

Petitorio al presidente electo

Un grupo de familiares de víctimas de la violencia llegó ayer a “La Moneda chica” para reunirse con Gabriel Boric y lo instó a mejorar la seguridad ciudadana durante su administración.

En la cita le entregaron una carta donde le pidieron que “se ponga de nuestro lado, y apoye la iniciativa popular de norma que hemos presentado ante la Convención Constitucional: ‘Primero las víctimas’”, que busca que se garantice el derecho a la seguridad ciudadana en la nueva CartaMagna.

Entre los asistentes estuvieron el dueño de la Fuente Alemana, el padre de la pequeña Tamara Moya y la viuda del carabinero Eugenio Naín.

Alejandra Mohor: “Se ha retrocedido en la calidad y densidad de la política pública”

¿Cómo analiza las cifras?

Son de un periodo muy pequeño y no creo que sean significativas. Analicé los datos desde 2016, y están totalmente a la baja, pero no creo que sea una baja efectiva, por lo que mí hipótesis es que la cifra negra ha ido aumentando.

¿Qué tan efectiva puede ser la política si no hay datos reales?

Hacerse cargo de la criminalidad organizada, del narcotráfico y del aumento del uso de armas, más allá de que logremos dilucidar qué está pasando con los números, son políticas públicas urgentes. Y hay que hacerlo articulando a los actores, una política integral. Y es prioritario revincular a la ciudadanía con las policías.

¿Está al debe el Gobierno?

Este es el único Gobierno que no ha tenido una política nacional presentada tempranamente para hacerse cargo de los problemas de criminalidad, seguridad y justicia. En la práctica, se ha enfocado en más recursos para el aumento de penas y en la vigilancia, que no tiene capacidad de prevención. Se ha retrocedido en la calidad y densidad de la política pública.

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